Ondas de la montaña

Medellín se transforma en laboratorio de paz y avanza en la implementación urbana de los Acuerdos.

La Alcaldía de Medellín firmó un pacto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que impulsará los procesos relacionados con la justicia restaurativa en la ciudad. Este compromiso institucional de voluntades es el primero que se logra desde la Alcaldía de Medellín en materia de implementación de procesos restaurativos de inclusión integral con enfoque territorial y busca materializar el compromiso del más alto nivel de la Administración Municipal con la implementación del Acuerdo de Paz.

La firma del Convenio para Reforzar y Priorizar Estrategias, Proyectos y Acciones orientadas a la Construcción de Paz Territorial con Enfoque Restaurativo es el inicio de la implementación de este tipo de procesos que involucran a víctimas y ofensores, familias y comunidad en general, y que ayudarán a avanzar hacia la reconciliación de la ciudad.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes, expresó que, «Medellín, a través de este acuerdo, ofrece una enorme capacidad institucional para establecer programas, proyectos, trabajos colectivos en los cuales víctimas, victimarios, en términos de justicia restaurativa, van a cerrar esa brecha que dejó el conflicto armado interno. Comienza, pues, la justicia restauradora en Medellín con el alcalde, Daniel Quintero».

Los cuatro compromisos centrales del convenio están basados en: la construcción de procesos restaurativos integrales con enfoque territorial, que permitan cerrar las brechas de exclusión, desigualdad y desventaja a las comunidades afectadas por el conflicto armado; la aplicación de la justicia restaurativa con la implementación de sanciones propias, trabajos, obras o actividades tempranas con vocación reparadora; el diseño de una campaña de comunicación estratégica que acompañe la implementación de los compromisos; y la implementación de canales de diálogo y acercamiento con actores estratégicos del territorio como los sectores económicos, sociales, grupos de apoyo y la academia.

En este mismo sentido, esta firma ayudará a la construcción de una verdad dialogada que aporte a los macro-casos priorizados por la JEP, específicamente, en el Caso 04 que prioriza la situación territorial de Urabá, Bajo Atrato y Darién.

Con este aporte a la verdad, las 23.000 personas que habitan en Medellín y que fueron víctimas en los municipios antioqueños priorizados por este caso podrán construir propuestas restaurativas para la recuperación cultural de sus raíces y cosmovisiones, tal como lo propone el enfoque territorial del Acuerdo de Paz, en el que el territorio trasciende la ubicación geográfica.

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