Ondas de la montaña

Gremios empresariales de Antioquia niegan interés en proteger a contratistas de Hidroituango.

Tras señalamientos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el Comité Intergremial de Antioquia rechazó que la base empresarial tenga interés en proteger a los contratistas de Hidroituango imputados por la Contraloría.
Insiste que la única preocupación es que un eventual cambio en los constructores retrasaría las obras e impediría que la hidroeléctrica entre en operación en 2022, así como un posible impago de las aseguradoras que pondría en riesgo las finanzas de EPM.

Esta asociación, de 34 de los gremios más importantes de la región, sostuvo que lo más importante es buscar acciones que permitan la continuidad segura de la megaobra y al mismo tiempo proteger a EPM de las consecuencias de nuevos retrasos en la puesta en marcha de las primeras dos turbinas de generación en junio y noviembre de 2022.
El Comité Intergremial de Antioquia negó que los empresarios del departamento tengan algún interés de proteger a los contratistas, como CCC Ituango o Integral, como ha señalado el alcalde Daniel Quintero luego de que tres de sus gremios técnicos, como la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, Camacol y la Cámara Colombiana de la Infraestructura, explicaran que podría haber retrasos y una desconfianza de los acreedores de EPM por la capacidad de pago.
Incluso, argumenta el gremio de gremios, esa situación “aceleraría un detrimento financiero, el flujo de caja por la pérdida de Ofertas de Energía Firme, y el pago de acreencias”.

Lo que está transcurriendo ahora con la obra es un enfrentamiento y una guerra política. Lo que ahora nos debe, tanto actores públicos como privados que nos deben importar es que se continúen con los avances del proyecto y que esos avances del proyecto permitan que se entregue la obra y que se genere la energía
El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, también ha advertido que un cambio de contratista generaría más atrasos en Hidroituango, nuevas sanciones de la Creg por incumplir con el suministro de energía y aumentaría el litigio de la Gobernación de Antioquía contra EPM, pues el reclamo por lucro cesante sería de 800.000 millones de pesos.

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